Corrientes, Jueves 9 de Septiembre de 2010
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Dos colectivos de la línea 11 fueron secuestrados ayer por agentes municipales. Los motivos: falta de boleteras y el cobro de un peso por pasaje. La disputa entre la Comuna y la empresa no cesa. Desde la firma salieron a cuestionar la medida.
El conflicto entre la línea 11 y la Comuna sumó un nuevo round ayer, cuando se secuestraron 2 unidades de la empresa Santa Ana de los Guácaras, por presentar una serie de irregularidades. La respuesta de la firma no se hizo esperar y salieron al cruce por la medida.
La línea 11 había sido proscripta por la Comuna, pero volvió a funcionar después que el 19 de febrero último vecinos de la localidad de Santa Ana protestaran en las puertas de la Intendencia por la medida. La empresa volvió a funcionar tres días después.
Se dispuso una habilitación temporal a la espera del reacomodo de la firma de transporte a las normativas de la Comuna. A pesar del acuerdo logrado, la contienda tuvo un nuevo episodio ayer.
La Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad dispuso un operativo sorpresa en la zona cercana al Campus Universitario, sobre la avenida Libertad. El resultado fue el secuestro de 2 coches de la línea 11.
Los motivos esgrimidos por la Comuna, fueron que las unidades secuestradas no trabajan con máquinas expendedoras de boletos, a pesar de que cuentan con ellas a bordo y el cobro de una tarifa diferente a la reglamentada.
El subsecretario de Transporte, Gustavo Larrea explicó que las unidades “habían sido habilitadas excepcionalmente y con plazos para ajustarse a las normativas”. El funcionario agregó que “el plazo se les terminó y se han sacado de circulación a los colectivos que presentaban esas irregularidades‘.
“El cobro de 1 peso es desleal para otras empresas que hacen el mismo recorrido”, argumentó Larrea además aseguró que “el cobro de una tarifa inferior, demuestra que hay gastos que son recortados”.
Respuesta
El vocero de la firma de transporte, Luis Dellepiane, comentó a El Litoral que el plazo que le había dado la Comuna para que trabajen con las expendedoras de boletos fue de 30 días, y que el lapso de tiempo “no se había terminado”.
“Nos dieron 30 días el 22 de febrero, por lo que el tiempo se termina el 24 de marzo”, aseguró Dellepiane.
En cuanto al cobro de una tarifa reducida, el portavoz aseguró que con ese costo, la empresa se puede mantener. “No necesitamos cobrar 1,60, además también beneficiamos a la gente”, sostuvo.
Diario El Litoral
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