A días del vencimiento de las concesiones, Defensoría rechaza prórroga y exige cambios

A solo ocho días del vencimiento de las concesiones del transporte urbano en Corrientes, la Defensoría de los Vecinos de esta ciudad fijó una postura clara frente a un sistema que acumula críticas y reclamos. El defensor Agustín Payes reconoció que no existe una comunicación oficial sobre una eventual prórroga, remarcó que cualquier extensión deberá pasar por el Concejo Deliberante mediante ordenanza. Inclusive desde el organismo desaconsejan avanzar en esa dirección.

El planteo se da en un contexto de creciente malestar social, agravado por la reducción de unidades desde las 22, una medida que lleva diez días y que deja a miles de usuarios sin servicio en horarios clave. Trabajadores, estudiantes y vecinos denuncian que el transporte se vuelve imprevisible, con frecuencias irregulares y líneas que dejan de circular antes de lo anunciado. "La ciudadanía está muy molesta porque hay líneas que cortan a las 19, a las 20 o a las 21, más allá de que el anuncio es que funcionan hasta las 22", afirmó.

Para la Defensoría, extender la concesión, sea por cinco años o uno, sería consolidar un modelo que ya mostró sus límites. "Las políticas están desfasadas y eso deriva en incumplimientos", sostuvo Payes, al tiempo que cuestionó la dependencia estructural de las empresas respecto de subsidios estatales. En ese sentido, advirtió que no puede sostenerse un esquema en el que las firmas reclaman asistencia económica de manera constante mientras el servicio se deteriora.

CADA VEZ MENOS PASAJEROS

El organismo también puso el foco en la caída del uso del transporte público. Durante el último trimestre de 2025 se registró una fuerte baja en la cantidad de pasajeros, incluso entre quienes acceden a beneficios como el boleto estudiantil. La suba del precio del pasaje, que cuesta $1.890, hoy resulta casi 19 veces más caro que en 2023, e impactó de lleno en la demanda, generando un círculo vicioso: menos usuarios, menor recaudación y más presión para aumentar tarifas o reducir servicios.

En paralelo, las empresas advierten sobre la inviabilidad económica del sistema y presionan por incrementos tarifarios, mientras desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes no descartan medidas de fuerza ante conflictos salariales. Este escenario deja a los usuarios en el centro de una disputa en la que, una vez más, resultan los principales perjudicados.

Frente a este panorama, la Defensoría adelanta que elaboró una propuesta integral que será presentada al intendente, con el objetivo de reconfigurar el sistema sobre nuevas bases. El eje está puesto en garantizar previsibilidad, mejorar la calidad del servicio y avanzar hacia un esquema menos dependiente de subsidios y más enfocado en el usuario.

El debate, advierte, no puede limitarse a una prórroga administrativa. Por el contrario, consideran necesario abrir una discusión amplia que involucre a todos los actores sociales para diseñar un transporte eficiente, accesible y acorde a las necesidades reales de la ciudad.

A esto se suma un dato que agrava el escenario: la falta de controles efectivos sobre el cumplimiento de recorridos y frecuencias. Aunque desde el municipio, los funcionarios aseguran que cada noche se labran actas de infracción para las empresas que reducen la cantidad de unidad, como es el caso de Ersa y Transporte San Lorenzo (líneas 102, 103, 104, 105, 106, 108 y 109 y sus ramales). Los Usuarios denuncian que muchas unidades directamente no pasan o lo hacen con demoras prolongadas, sin que existan sanciones claras. Para la Defensoría, sin un Estado que fiscalice y garantice el servicio, cualquier esquema futuro corre el riesgo de repetir los mismos errores.

CONTEXTO

En relación con el eventual llamado a licitación para una nueva concesión del servicio, el ex intendente capitalino, Raúl "Tato" Romero Feris, recordó que durante su gestión se impulsó un proceso licitatorio de alcance nacional, sin limitar la convocatoria a empresas de la provincia. Según precisó, aquel pliego contemplaba la renovación integral del parque automotor de todas las líneas y establecía, además, un tope en la adjudicación: cada empresa podía concursar por un máximo de dos líneas. "La intención era evitar lo que ocurre en la actualidad, donde prácticamente existe un monopolio del servicio", afirmó en declaraciones a este diario.

FUENTE:DIARIO NORTE